Acedo Santamarina · Actualidad regulatoria
Nueva Ley de Pagos Digitales en México: ¿qué deben considerar las empresas?
Qué dispone la nueva ley, qué reglas faltan por publicarse y cómo pueden evaluar sus implicaciones las empresas, las entidades financieras y los proveedores tecnológicos.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ya está vigente, pero no impone una prohibición general del efectivo. Su efecto sobre cada negocio dependerá de la actividad, los medios de pago que utiliza y las disposiciones que emitan las autoridades.
¿Qué cambia con la Ley de Pagos Digitales en México?
El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, vigente desde el 5 de noviembre. La norma promueve la recepción de pagos electrónicos, incorpora mecanismos de confianza para la contratación digital de servicios financieros y contempla soluciones tecnológicas en trámites públicos.
La ley define medios de pago que incluyen tarjetas de crédito y débito, transferencias, domiciliaciones, códigos QR y dispositivos NFC, así como otros sistemas reconocidos por la autoridad. No todos los negocios están obligados a utilizar cada una de estas herramientas: su implementación y las condiciones aplicables deben analizarse conforme a las disposiciones correspondientes.
Adopción de alternativas electrónicas y medidas para recibirlas.
CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza.
Posibilidad de pagos exclusivamente digitales en actividades determinadas.
Digitalización y homologación de procesos para facilitar servicios.
Una cosa es que la ley esté vigente; otra, que cada empresa tenga ya una obligación sectorial específica de recibir únicamente pagos digitales. Esa segunda etapa depende de actos posteriores de autoridad.
¿Todos los comercios tendrán que aceptar únicamente pagos electrónicos?
El artículo 13 faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde la aceptación de pagos digitales podrá convertirse en la única forma de pago.
Después, conforme al artículo 14, las autoridades competentes de esos sectores deberán expedir reglas con requisitos, condiciones de operación, obligaciones y mecanismos de transición. Al 5 de noviembre de 2026, el decreto por sí solo no permite afirmar que un giro comercial determinado estará obligado a abandonar el efectivo.
El artículo 11 prevé que los proveedores de bienes o servicios podrán implementar estos medios conforme a la ley y a las disposiciones correspondientes. El artículo 12, por su parte, desarrolla las acciones asociadas a su implementación. Por eso, conviene separar la adopción de pagos digitales de la eventual aceptación exclusiva en ciertos sectores.
Dos etapas regulatorias y una transición que no será necesariamente uniforme
Los transitorios tercero y cuarto establecen una secuencia que será decisiva para las empresas. Los plazos siguientes son para las autoridades, no fechas generales en las que todos los establecimientos deban modificar sus sistemas.
La SHCP identifica los sectores
Cuenta con 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes. Podrá ampliar esa determinación posteriormente.
Transitorio tercero
Se emiten las reglas sectoriales
Las autoridades competentes disponen de 15 días hábiles desde la publicación de la determinación para establecer condiciones, requisitos y mecanismos de transición.
Transitorio cuarto
Esas disposiciones deberán especificar cómo se realizará la transición gradual de pagos en efectivo a medios digitales en cada sector. En consecuencia, una empresa deberá revisar su propio giro, la autoridad competente y el instrumento publicado antes de fijar presupuestos, cambios contractuales o fechas internas de cumplimiento.
Infraestructura, información a usuarios y respuesta ante contingencias
El artículo 12 contempla cuatro líneas de actuación para los proveedores de bienes o servicios y las autoridades que implementen medios de pago digitales. Algunas deberán desarrollarse conforme a las disposiciones de carácter general aplicables.
Habilitar recepción
Prever los sistemas e infraestructura necesarios para recibir los medios electrónicos implementados y promover su utilización.
Comunicar opciones disponibles
Informar a las personas usuarias qué medios de pago se encuentran habilitados.
Atender interrupciones
Adoptar medidas para atender y, en su caso, subsanar fallas que impidan la aceptación de pagos, conforme a la regulación aplicable.
Facilitar el uso
Realizar las acciones adicionales previstas para promover su utilización en bienes, servicios y trámites.
Desde una lectura operativa, estas disposiciones hacen relevante conocer quién administra cada parte del proceso: el establecimiento, el proveedor de la terminal, la plataforma, el procesador o la entidad financiera. No significa que la nueva ley asigne automáticamente la misma responsabilidad a todos ellos; esa distribución dependerá de los contratos y del régimen correspondiente.
¿Desaparece el efectivo? ¿Qué pasa cuando falla un sistema de pago?
La ley no prohíbe de manera general el efectivo. En sectores sujetos a aceptación exclusiva de pagos digitales, el artículo 15 permite pagar en efectivo o cheque si una contingencia imposibilita recibir medios electrónicos.
La norma define contingencia como una circunstancia extraordinaria, imprevista o inevitable que afecta temporalmente la continuidad o el funcionamiento de infraestructura, sistemas, servicios u operaciones. El artículo 16 añade que estas situaciones no podrán utilizarse de forma permanente o recurrente para justificar incumplimientos en sectores regulados.
Escenario ilustrativo: interrupción de conectividad
Una empresa que recibe cobros mediante una plataforma administrada por un tercero experimenta una interrupción. Antes de asumir que el cobro en efectivo constituye una solución permanente, conviene revisar el alcance de la contingencia, las reglas sectoriales aplicables, los procedimientos de respaldo y las obligaciones contractuales con el proveedor.
Ejemplo hipotético de análisis; no describe un asunto atendido por ACSAN ni una autorización automática de cobro en efectivo.
En particular, los acuerdos tecnológicos pueden definir niveles de servicio, reportes de incidentes, continuidad y mecanismos de recuperación. Revisarlos con anticipación es una medida de gestión empresarial, independientemente de que las reglas sectoriales puedan precisar requerimientos adicionales.
CURP Digital, Expediente Digital Ciudadano y datos personales
En los artículos 5 y 6, la ley reconoce la CURP Digital como mecanismo de confianza en la contratación digital de servicios financieros, sujeto a disposiciones generales. Las personas usuarias podrán elegirla u optar por otro mecanismo de identificación oficial.
Los artículos 7 a 9 regulan el Expediente Digital Ciudadano: las entidades financieras lo aceptarán para consultar o utilizar documentos cuando lo solicite la persona usuaria, quien también podrá pedir la consulta y portabilidad de información. La ley reconoce efectos jurídicos a los documentos digitales en los términos previstos.
Esto plantea preguntas de implementación para las entidades y los desarrolladores de soluciones de contratación: cómo se solicita información, quién puede acceder, qué datos deben tratarse, con qué controles y bajo qué marco de autorización. La nueva ley no desplaza las obligaciones financieras ni las de protección de datos personales que resulten aplicables (artículo 3).
Incorporar un mecanismo de identificación reconocido no equivale a poder reutilizar cualquier dato sin condiciones. Es necesario revisar los flujos de información, las relaciones entre responsables y proveedores, y la regulación específica de la actividad.
¿Qué nuevas facultades contempla la ley para Banco de México?
El artículo 19 prevé diversas herramientas para que Banco de México impulse los pagos digitales. Entre otras, podrá regular niveles de operación de cuentas, facilitar transferencias, homologar la experiencia de uso de aplicaciones financieras y establecer medidas que amplíen el acceso a servicios financieros.
Un punto relevante es la posibilidad de emitir disposiciones generales, conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que las entidades que prestan servicios de recepción de pagos con tarjeta mediante terminales punto de venta permitan también pagos por códigos QR, conforme a especificaciones técnicas y operativas que establezca Banco de México.
No debe interpretarse esta facultad como una obligación técnica ya definida para todas las terminales. Su alcance concreto dependerá de las disposiciones que se emitan y de los sujetos comprendidos. Para entidades, integradores y proveedores tecnológicos, el tema merece seguimiento porque puede incidir en integraciones, experiencia del usuario y condiciones contractuales.
La misma ley, distintas preguntas de negocio
La práctica de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de ACSAN comprende asesoría en comercio electrónico, contratos especializados, soluciones tecnológicas y cumplimiento regulatorio. Desde esas disciplinas, la evaluación de la nueva ley debe partir de la función que cada empresa desempeña en el flujo de pago, no solo de su industria.
| Tipo de organización | Preguntas relevantes | Ámbito a revisar |
|---|---|---|
| Comercio y servicios | ¿Qué canales de cobro ofrece? ¿Su actividad quedará comprendida en una determinación de la SHCP? | Infraestructura, información al cliente, contingencias y reglas sectoriales. |
| Plataformas de comercio electrónico | ¿Quién procesa los pagos? ¿Qué sucede ante una interrupción o falla del tercero? | Integraciones, términos de uso, niveles de servicio y distribución contractual de responsabilidades. |
| Proveedores de tecnología de pagos | ¿Qué capacidades exige la solución ofrecida? ¿Qué cambios de interoperabilidad podrían requerirse? | Contratos, especificaciones técnicas futuras y continuidad de servicios. |
| Entidades financieras | ¿Cómo se incorporan mecanismos de identificación y posibles reglas sobre aplicaciones, cuentas o QR? | Disposiciones financieras, protección de datos, contratación digital y regulación posterior. |
Matriz orientativa de análisis, no clasificación oficial de sectores obligados ni asignación definitiva de responsabilidades jurídicas.
Contratos tecnológicos: una revisión que suele quedar fuera del titular
Si una empresa depende de prestadores externos para autorizar, transmitir o procesar pagos, puede ser útil analizar qué ocurre cuando el servicio deja de estar disponible. La revisión contractual puede incluir disponibilidad, interoperabilidad, soporte, tiempos de recuperación, notificación de incidentes y responsabilidades por incumplimientos. Su necesidad depende del contrato y de la operación concreta.
El vínculo con la operación empresarial
Desde la estructura del negocio, una obligación nueva puede afectar procedimientos internos, capacitación, comunicación al usuario y coordinación entre áreas jurídica, tecnología, finanzas y cumplimiento. Este enfoque evita tratar una reforma normativa como un simple cambio de terminal o software.
¿Qué conviene revisar antes de invertir en nuevos sistemas?
La respuesta depende de la exposición de cada organización. Antes de asumir una obligación no determinada o realizar un gasto tecnológico, conviene establecer una evaluación proporcional.
- Identificar la actividad y la autoridad competente. Determinar si la empresa se encuentra en alguno de los sectores que llegue a definir la SHCP y qué disposiciones particulares le correspondan.
- Mapear el flujo de pago. Reconocer los medios aceptados, proveedores participantes y puntos donde una falla puede impedir una operación.
- Revisar contratos y planes de contingencia. Examinar niveles de servicio, recuperación, comunicación con usuarios y disponibilidad de alternativas permitidas.
- Analizar la contratación digital. Si la operación involucra servicios financieros, evaluar identificación, tratamiento de información y controles existentes.
- Monitorear instrumentos posteriores. Distinguir la determinación sectorial de la SHCP, las reglas de autoridades competentes y las disposiciones que eventualmente emita Banco de México.
Los pagos digitales también son una decisión contractual y regulatoria
La relevancia de la ley no se agota en conocer qué medios de pago están previstos. Para las empresas, el análisis puede extenderse a cómo se contrata la tecnología, quién responde por su funcionamiento, qué información circula y qué autoridad regula la operación.
La experiencia documentada de ACSAN en TMT y en protección de datos personales ofrece un marco relevante para examinar esa intersección entre regulación, infraestructura, contratos y negocio. La prioridad para cada organización será identificar qué disposiciones le corresponden antes de definir su estrategia de implementación.
El análisis jurídico debe comenzar por la actividad de la empresa y sus dependencias tecnológicas, no por asumir que todos los negocios tendrán las mismas obligaciones.
