En conferencia de prensa del pasado viernes 27 de enero de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció medidas por medio de las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) convertiría parte de la deuda de Pemex con diversos prestamistas en una deuda soberana, lo que implica que el Estado hará frente a una parte de la deuda, brindándole apoyo a dicha empresa productiva del Estado, como ya se ha venido haciendo desde anteriores administraciones.
La deuda que Pemex tiene para el 2023 es de diez mil millones de dólares, que traducido a pesos son aproximadamente ciento ochenta y ocho mil millones de pesos y, de lo señalado por el Presidente, se asume que es esa parte de la deuda de la que la SHCP se hará cargo. No obstante, aún no hay nada definitivo en cuanto a la cantidad y forma de llevar a cabo dicha acción.
La principal finalidad que se tiene con lo anterior consiste en –como se ha hecho durante muchos años con Pemex– reducir o minimizar lo adeudado por aquélla, puesto que al absorber la SHCP parte de la deuda de Pemex se tendrían acceso a tasas de interés más bajas y con ello se continuará con la serie de apoyos que el Gobierno le ha otorgado a la petrolera con el objetivo de evitar su quiebra.
Lo relevante del anuncio no es como tal la acción por la que se pretende continuar “salvando” a Pemex y también a sus inversionistas, sino su impacto o implicación en las finanzas públicas y, finalmente, en cuestión tributaria, en relación con los contribuyentes.
Como se lleva a cabo cada año, el Gobierno Federal realiza un estimado de los recursos que recibirá (presupuesto de ingresos) y un presupuesto de lo que se gastará (presupuesto de egresos). Ambos cálculos son realizados y publicados de manera anual y están contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En materia de egresos debe saberse que todo lo que gastará el Gobierno se encuentra contemplado en el citado documento, asignando diversas cantidades para destinar a proyectos y cuestiones de relevancia en materia nacional. Así, el organismo encargado de estimar el nivel de ingreso y gasto a nivel federal es precisamente la SHCP, quien también será la encargada de gestionar los recursos federales para ejercer el gasto de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ahora bien, para que un Estado pueda realizar un gasto necesariamente debe tener ingresos, tal y como sucede en cualquier empresa o persona. No obstante, en el caso en cuestión los ingresos del Estado provienen en su mayoría de impuestos, cuotas de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, aprovechamientos y productos, así como por la prestación de servicios o ventas de bienes, es decir, por recursos obtenidos directamente de los gobernados. Para el ejercicio fiscal 2023 se prevé que la Federación tendrá un ingreso estimado de más de ocho billones de pesos que, en su mayoría, se componen por los pagos de contribuciones y conceptos previamente mencionados que llevan a cabo los mexicanos.
El hecho de que la SHCP absorba parte de la deuda de Pemex necesariamente implicará que, dentro de la planeación del gasto público, se deba destinar una parte importante de los ingresos totales del Estado al pago de las deudas contraídas por Pemex. La forma más simple de traducir lo anterior, es que parte del dinero que pagamos los mexicanos por desempeñar un trabajo, por realizar alguna actividad empresarial, por consumir/adquirir un bien o servicio, etc., será destinado a pagar las deudas de dicha empresa.
Sin embargo, en un país con amplias carencias y deficiencias en infraestructura, en el sector salud, tecnología, educación, transporte, entre otros, resulta complicado pensar que nosotros tendremos que hacernos cargo del adeudo de una empresa que por años ha tenido un alto déficit, que lleva a cabo actividades desalineadas con los pactos internacionales que ha suscrito México en materia energética y de protección al medio ambiente, además de ser una empresa que no genera beneficios o utilidades cuestión que, tal y como sucede con las empresas del sector privado, implicaría que Pemex fuera liquidada y no, por el contrario, que se sigan gastando recursos sin ningún beneficio real. Más allá de la quiebra de Pemex, también se está rescatando a inversionistas que arriesgaron su dinero con la única finalidad de obtener un beneficio económico personal y privado.
De manera contraria a utilizar los recursos públicos para el pago de las deudas de Pemex, sería más positivo que con esos fondos se desarrollen proyectos de infraestructura en energías renovables y de mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, que sí resulten positivas para nuestro país y el resto del mundo.
Si bien a la fecha la SHCP tiene aún pendiente explicar de manera precisa cómo y cuál será la cantidad exacta de la deuda que absorberá de Pemex, lo cierto es que el dinero para cumplir con esas obligaciones necesariamente saldrá de los recursos públicos, de los cuales todos somos partícipes y que, contrario a lo que se pretende, tendrían que ser utilizados en beneficio de los ciudadanos. No obstante, con la medida implementada, se dejarán de privilegiar sectores de gran relevancia e importancia ciudadana para hacer frente a los pasivos de la mencionada empresa productiva del Estado.
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