El 24 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos (la “Nueva Ley”), cuyo objetivo es agilizar y digitalizar los trámites gubernamentales mediante el uso de la plataforma Llave MX, similar al modelo actualmente implementado por Llave CDMX en la Ciudad de México. Aunque la Nueva Ley aún debe ser promulgada por el Ejecutivo para su entrada en vigor, su aprobación ha generado diversas preocupaciones en materia de protección de datos personales.
La Nueva Ley establece que su implementación y vigilancia estarán a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (“ATDT”). Si bien representa un avance significativo hacia la transformación digital del Estado mexicano al obligar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a adoptar procedimientos electrónicos y eliminar requisitos innecesarios, también plantea retos importantes, ya que para que los ciudadanos puedan realizar trámites y acceder a servicios públicos en línea, deberán proporcionar previamente información de identificación personal, como la CURP, datos biométricos y otros datos personales.
Lo anterior abre un debate relevante sobre la capacidad del Estado no solo para contar con una infraestructura robusta en materia de ciberseguridad que garantice la protección de la información recabada, sino también para asegurar un tratamiento responsable y transparente de dichos datos. Esta preocupación se acentúa tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y frente a la inminente centralización de información personal en la ATDT, así como los constantes ciberataques a los que este tipo de plataformas podrían estar expuestas.
La Nueva Ley se suma, además, a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contempla crear un mecanismo similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un proyecto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, al advertir tanto los riesgos que representaba para los principios de protección de datos personales, como la falta de atribuciones del Estado para su implementación.
Aunque su publicación en el Diario Oficial de la Federación parece inminente, será fundamental esperar la legislación secundaria que establezca las directrices bajo las cuales la ATDT deberá simplificar los procesos administrativos, incorporando a la vez un enfoque progresivo que garantice el respeto a los derechos digitales y la protección de los datos personales de la ciudadanía.
En Acedo Santamarina, S.C., quedamos a su disposición para brindarle asesoría sobre el alcance e implicaciones de esta Nueva Ley.
