El pasado 5 de febrero, el Presidente de la República sometió a consideración del Congreso de la Unión diversas iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas, la “simplificación orgánica” o extinción de ciertos órganos constitucionales autónomos (“OCA’s”) con el objetivo de continuar con la política de austeridad republicana y evitar la duplicidad de funciones (entre estos y el Ejecutivo Federal).
Primeramente, es importante resaltar que los OCA’s son organismos independientes a los tres poderes de la unión, es decir, con personalidad jurídica propia, así como con autonomía presupuestal y de gestión para regular las materias que se consideran de mayor relevancia para el país. Si bien, actualmente la autoridad reguladora en materia de telecomunicaciones es el OCA denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), anteriormente este sector estaba regulado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes), subordinada al Ejecutivo Federal.
En el año 2013, con la reforma constitucional en el marco del “Pacto por México”, se crea el IFT con el objetivo principal de (1) garantizar el derecho a la libertad de expresión y de difusión, el derecho a la información, así como el derecho de acceso efectivo y de calidad a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a todos los mexicanos, y (2) lograr la reducción de precios y el aumento en la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
Ahora bien, la iniciativa actual del Presidente de la República propone regresar las atribuciones del IFT a las dependencias que, hace más de una década, contaban con dichas facultades. En detalle, esta iniciativa argumenta que “en la práctica el IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados”.
Evidentemente, la aprobación de dicha iniciativa de reforma constitucional alteraría el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Principalmente, porque al ser el Estado quien controlaría el sector se podrían detonar una serie de cambios, entre los cuales destacan los siguientes:
- Competencia. El Ejecutivo Federal sería el encargado del otorgamiento de concesiones relacionadas con los servicios de telecomunicaciones. Considerando que en el pasado se permitieron concentraciones que no debieron de ser autorizadas con el fin de favorecer a ciertos grupos económicos, y que estas causaron la reducción de competidores en determinados sectores y la constitución de barreras en la entrada al mercado, el cambio de autoridad reguladora en la prestación de servicios de telecomunicaciones podría dar pie a la creación de monopolios y a la falta de transparencia en las contrataciones públicas.
- Precios a consumidores. La evolución de la tecnología, la intensificación de la competencia y las medidas adoptadas por el IFT en el sector de telecomunicaciones, han reflejado bajas considerables en tarifas a los consumidores. En 2023, el Índice de Precios de Comunicaciones se encontraba por debajo de los resultados de 2012 en un 22% (veintidós por ciento). Sin embargo, el hecho de que, de ser aprobada la iniciativa, los consumidores posiblemente tendrían que contratar dichos servicios entre un menor número de ofertantes, existiría el riesgo de que se alteren los precios a los de ahora.
- Inversión extranjera directa. Según las estadísticas del IFT, la inversión extranjera directa en servicios de telecomunicaciones en México señala una tendencia al alza entre los años 2013 a 2023, con una inversión superior en aproximadamente $11,150,000,000.00 dólares (once mil ciento cincuenta millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) en 2023 en comparación con la cifra de inversión de 2012. Ahora bien, derivado de la incertidumbre jurídica que generaría el cambio de autoridad reguladora a los inversionistas extranjeros, esta podría disminuir.
- Cumplimiento de tratados internacionales. Es importante mencionar que, de ser aprobada la reforma constitucional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales y adoptar regulación que no vulnere las disposiciones del Capítulo 18 (Telecomunicaciones) del USMCA.
- Incertidumbre jurídica. Según señaló el Ejecutivo Federal, las concesiones otorgadas por el IFT continuarán vigentes, sin embargo, los concesionarios y/o interesados en el sector deberán observar las nuevas disposiciones que, en su caso, emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus nuevas funciones. Cabe mencionar, que sería la nueva autoridad quien decidiría si se renuevan o no dichas concesiones.
Adicionalmente, al absolver la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes las funciones del IFT, habría un periodo de transición entre la extinción de una autoridad y el comienzo de las operaciones de la otra, ya que dicha Secretaría tendría una etapa de capacitación, estudio y, posteriormente, de emisión de nueva regulación. Esta transición tendría principalmente consecuencias en los inversionistas extranjeros y proveedores, quienes han estudiado e invertido en el mercado conforme al marco regulatorio actual, y deberán adecuarse a los procesos, términos y disposiciones de la nueva autoridad.
Finalmente, además de ser importante considerar los detonantes que el cambio de autoridad reguladora podría ocasionar a la historia de los servicios de telecomunicaciones en nuestro país, en cualquier caso, la función esencial del Estado continuará siendo disminuir la brecha digital entre los mexicanos y garantizar a la población los derechos a la libertad de expresión y difusión, al acceso a la información y a servicios de telecomunicaciones de calidad.
Ana Patterson
