Dentro del marco de las acciones que está llevando a cabo el poder ejecutivo para atacar el problema de la corrupción en nuestro país, el pasado 3 de enero del año en curso, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio marco de colaboración a efecto de establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción.
Mediante dicho convenio se busca establecer un esquema para el intercambio de información que ayude a investigar posibles violaciones a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, por actos indebidos de los servidores públicos, regulados en dicha ley.
Sin embargo, lo anterior tiene como antecedente directo el resultado que México obtuvo en el Informe de Evaluación Mutua de Enero de 2018 del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (“GAFI”), del cual México forma parte, y en el cual se señala como uno de sus hallazgos que, “la cantidad de acciones penales y condenas por casos de Lavado de Activos es muy baja”. Según el informe, “Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de Lavado de Activos. Específicamente, solo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el Lavado de Activos rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.”
Asimismo, otra parte del reporte también señala que, “sobre la base de la información provista en la Evaluación Nacional de Riesgo de México, de junio 2016, realizada en el marco del GAFI y otros documentos de fuentes públicas, el monto del producto generado por los delitos determinantes cometidos en y fuera de México es alto. Los principales delitos nacionales generadores de fondos se pueden dividir en tres niveles de magnitud: (i) delincuencia organizada nacional, que incluye tráfico de drogas y de personas; (ii) corrupción, y (iii) evasión fiscal.”
Como se puede colegir de los resultados del informe de Evaluación Mutua del GAFI, la corrupción sigue siendo un tema pendiente en nuestro país, por lo que, además de perseguir directamente los delitos vinculados con actos indebidos de servidores públicos (como puede ser el cohecho, el tráfico de influencias o el desvío de recursos públicos), también es de suma importancia que se comience a utilizar la inteligencia financiera y se fortalezca la investigación y persecución de los delitos financieros y en particular, del delito de lavado de dinero para coadyuvar en la percusión de dichos delitos cometidos por servidores públicos. A su vez, el combate a la corrupción también ayudará a fortalecer la capacidad de las autoridades de perseguir penalmente el lavado de dinero, pues como se puede observar, lavado de dinero y corrupción, son dos problemas que se encuentran estrechamente vinculados, y cuyo combate requiere una estrategia integral.
Por lo anterior, el nuevo gobierno también ha anunciado que se propondrán nuevos cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de ampliar su alcance, e incluir a los partidos políticos y a los sindicatos como entidades sujetas a la obligaciones establecidas en dicha ley, y por lo tanto, objeto de supervisión por parte de las autoridades en la materia.
