El pasado 1 de abril de 2025, la Cámara de Diputados aprobó tanto en lo general como en lo particular, una reforma trascendental en materia de contrataciones públicas en México, la sustitución del sistema CompraNet vigente desde 1996, por la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Esta medida responde a la necesidad de modernizar los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, optimizar la fiscalización del gasto público y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
CompraNet se creó como una herramienta destinada a transparentar y centralizar los procesos de contratación pública en México. Desde sus inicios, su objetivo fue ofrecer un mecanismo claro para la publicación de licitaciones, recepción de propuestas y adjudicación de contratos de manera transparente y accesible. Con los años, CompraNet se consolidó como una herramienta de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.
No obstante, pese a los avances logrados, la plataforma presentaba deficiencias operativas que limitaron su eficacia. Entre las principales limitaciones se encuentran problemas de rendimiento y estabilidad, interfaces que dificultaban su uso, falta de actualizaciones tecnológicas y una capacidad insuficiente para la prevención y detección de irregularidades en tiempo real.
Objetivos y Cambios en la Nueva Plataforma Digital
Uno de los cambios más relevantes es la automatización total y modernización digital del sistema. Con esta medida, se busca eliminar los procesos manuales los cuales ralentizaban la gestión de licitaciones y adjudicaciones, reduciendo tiempos de espera y aumentando la eficiencia operativa.
Otro cambio significativo es la disminución en las adjudicaciones directas. Desde 2012, este mecanismo ha representado en promedio de 8 de cada 10 contratos, lo que refleja un abuso de esta modalidad a lo largo de las últimas administraciones. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2024)[1]. Esta medida busca fomentar la competencia abierta y transparente, limitando la autonomía en la asignación de recursos públicos y promoviendo una mayor participación de proveedores en licitaciones públicas.
Por último, la supervisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) representando un cambio sustancial en la estructura regulatoria de las contrataciones públicas. Este organismo será el encargado de monitorear el cumplimiento de las disposiciones legales, asegurando la correcta implementación de los nuevos lineamientos.
Impacto en el Sector Público La transición hacia la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas implica una serie de desafíos tanto para la administración pública como para los actores involucrados en los procesos de contratación gubernamental.
Entre los principales retos se encuentra la complejidad de la transición administrativa, que demandará una reestructuración de los procedimientos internos en las instituciones públicas. Esto incluirá una considerable inversión en tecnología, infraestructura digital, capacitación del personal y ajustes en los procesos administrativos, lo que representará un gasto significativo a corto plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas es la falta de transparencia en los contratos estratégicos, especialmente aquellos vinculados a las Fuerzas Armadas. La decisión de excluir estos contratos del acceso público ha generado inquietud, ya que impide que los ciudadanos y las autoridades de control puedan conocer cómo se asignan y utilizan los recursos en un sector que maneja presupuestos millonarios. Esta falta de visibilidad genera el riesgo de opacidad, lo que dificulta la fiscalización y el seguimiento adecuado de cómo se gestionan los fondos públicos.
Además, esta medida podría entrar en conflicto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)[2], que establece el principio de máxima publicidad. Este principio garantiza que toda la información pública debe ser accesible para los ciudadanos, sin necesidad de justificar su interés. Si bien la ley prevé excepciones por razones de seguridad nacional, estas deben aplicarse de manera justificada y proporcionada. Excluir de forma generalizada todos los contratos relacionados con la defensa sin una justificación específica y detallada podría ser considerado como una restricción indebida del derecho de acceso a la información, lo que violaría el marco normativo vigente.
Impacto en el Sector Privado y Empresarial
Para las empresas y el sector privado, la implementación de la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas supone una serie de ajustes significativos que afectarán tanto su capacidad operativa como su estrategia comercial. Las grandes empresas podrán aprovechar la automatización y digitalización para optimizar sus procesos operativos, mejorando su competitividad en un entorno más regulado y eficiente. En contraste, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tendrán acceso a licitaciones públicas, pero se enfrentarán a desafíos en la adaptación tecnológica y al cumplimiento de las nuevas exigencias regulatorias.
Adicionalmente, la introducción del diálogo competitivo y la negociación activa modificará el panorama de las contrataciones públicas, impulsando una mayor complejidad en las estrategias comerciales y jurídicas.
Opiniones y Análisis
La implementación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas ha generado opiniones divididas entre expertos y analistas. Desde una visión positiva, especialistas como Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, A.C., destacan que la digitalización de los procesos puede mejorar la competencia, transparencia y la eficiencia administrativa, reduciendo significativamente las oportunidades de corrupción. Afirma, que este cambio representa una oportunidad para transformar la gestión pública en un sistema más abierto y accesible para la ciudadanía.
Sin embargo, desde una visión crítica, algunos expertos, advierten que la exclusión de ciertos contratos estratégicos, en sectores clave como defensa y seguridad nacional, podría generar un incremento en la discrecionalidad gubernamental, limitando la transparencia en ciertas áreas; enfatizando que, aunque la seguridad nacional justifique la reserva de ciertos datos, la falta de mecanismos de supervisión podría vulnerar la confianza pública en el manejo de recursos críticos.
La transición de CompraNet a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas marca un paso crucial hacia la modernización de los procesos administrativos del gobierno mexicano, pero no está exenta de desafíos y riesgos que deben ser gestionados cuidadosamente. Si bien la implementación de la nueva plataforma promete mejoras significativas en términos de transparencia, competitividad y eficiencia administrativa, es necesario abordar ciertos aspectos que podrían poner en riesgo sus objetivos, especialmente si no se implementan mecanismos de supervisión adecuados.
[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín de prensa: Cifras preliminares del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 2024 (2024) https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNGE/CNGE2024.pdf.
Secretaría de la Función Pública, ‘Datos Abiertos de las Unidades Compradoras’ (2024) https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/informacion_ayuda/datos_abiertos.html
[2] Congreso de la Unión, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 7 (México, 2025) https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
Angélica Remusat
