Como parte de la implementación de la reforma constitucional en materia judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, el Congreso de la Unión aprobó las leyes y reformas que tienen como objetivo reorganizar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
El proyecto aprobado por los legisladores contempla la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 constitucional, y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.
Como parte de las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión, se encuentra (i) la incorporación de la Comisión de Conflictos del Poder Judicial de la Federación relacionada con controversias de carácter laboral, (ii) la creación del Instituto de la Defensoría Pública y la capacitación de los funcionarios de dicho Instituto por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial, (iii) los ajustes para enfocar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos de interés excepcional en materia constitucional o de derechos fundamentales, así como para transitar de un sistema de jurisprudencia de reiteración de criterios uno de precedentes obligatorios, y (iv) la sustitución de Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación.
De acuerdo con sus autores, la intención de las citadas leyes y reformas es fortalecer las acciones tendientes a combatir el nepotismo, la discrecionalidad, el hostigamiento sexual y corrupción al interior del Poder Judicial Federal, garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos, y brindar las herramientas que permitan alcanzar una adecuada impartición de justicia.
Uno de los puntos del proceso legislativo que ha causado más polémica fue la incorporación de un artículo transitorio en el que se prevé que, con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y las leyes reglamentarias correspondientes a dicha reforma, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal extienda la duración de su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, en el entendido que el periodo para el cual fue elegido el Ministro Arturo Zaldívar transcurre del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Diversos sectores de la sociedad se han manifestado en contra de dicha extensión del encargo por considerarla inconstitucional. En ese sentido, esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el análisis correspondiente a dicho artículo transitorio a través de la acción de inconstitucionalidad que sea promovida en su contra, una vez que las citadas leyes y reformas sean publicadas por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación.
