Con fecha 4 de mayo de 2020 Acedo Santamarina, S.C., en colaboración con Fundación Barra Mexicana, A.C., promovió juicio de amparo en representación de treinta y tres médicos especialistas y residentes en el área de oftalmología adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se reclamó de distintas autoridades, como el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de dotar al personal médico que atiende pacientes infectados de COVID-19 de equipo de seguridad sanitaria adecuado para evitar contagio, así como la omisión de prestar la capacitación profesional y técnica necesaria para la atención de pacientes con COVID-19.
Mediante acuerdo de fecha 4 de mayo de 2020 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión de plano para el efecto de que proveer a los quejosos los insumos médicos y el equipo de protección personal que resulte racional y apropiado para prevenir riesgos de contagio, así como para que se les capacite de manera adecuada a fin de protegerlos eficazmente.
Se especificó que “mientras no se les proporcionen los insumos referidos, las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar a los quejosos a desempeñar actividades de atención sanitaria al público, ni habrán de aplicar sanciones administrativas o de índole laboral por la falta de tales servicios”.
Con el otorgamiento de esta medida cautelar se protege el derecho humano a la salud reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto de los médicos especialistas y residentes como de los pacientes infectados con COVID-19.
El juicio de amparo y el trabajo pro bono se presentan como herramientas eficaces contra las omisiones de nuestras autoridades, obligándolos a través de la vía judicial a que suministren al personal médico del equipo y capacitación adecuada. Es una forma de asegurarnos que se cumpla la ley y, en consecuencia, se salven vidas.
